Por la renacionalización de la industria petrolera
Alfredo Villarreal
La intentona del Estado por la privatización de PEMEX tiene ahora letra y reglas. El gobierno federal ha lanzado reforma energética, conjuntada en cinco propuestas (Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, a la Ley de la Comisión del Petróleo y reformas a las leyes Reglamentaria del Artículo 27 constitucional, de la Comisión Reguladora de Energía y Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, y Orgánica de la Administración Pública Federal), iniciando una campaña mediática donde asegura que la situación catastrófica en la que se encuentra la paraestatal, el oscuro y terrible destino que le depara a la nación a causa de las cifras de reservas probadas, hacen necesaria la pronta aprobación de su propuesta, augurando “contar recursos para vivir mejor: más escuelas, medicinas, clínicas, hospitales, caminos, carreteras, puentes, agua potable, drenaje, electricidad, vivienda.”[1]. El gobierno de los empresarios pone sus ultimas cartas por convencer al pueblo pobre mexicano, sin darse cuenta que ha destapado la esencia de sus intenciones privatizadoras.
Contenido de la propuesta federal.
La propuesta privatizadora de Calderón es evidente, darle lectura clara a cada una de sus propuestas revela que la manipulación de las cifras, cuentas es insostenible.
En el artículo 5º de la propuesta de reforma energética entregada por el gobierno federal estipula al pie de la letra “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir títulos de crédito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones legales aplicables.”, que en un juego de palabras muy singular, viola el artículo 27 constitucional en los párrafos 4° y 6°, donde se indica que “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseoductos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”, con lo que el cuento de que no se desconoce a la Constitución a fin de permitir la operación de las empresas extranjeras, no tiene ningún fundamento.
Además contiene la propuesta del Consejo de Administración de Petróleos México, presentada en el Capítulo II de la reforma, donde incorpora a la conducción central y dirección estratégica de esta industria a los representantes del imperialismo, denominados “consejeros profesionales de tiempo parcial“, es decir, aquellos que podrán al mismo tiempo ser empleados de Repsol, Chevron, Shell, ExxonMobil, Anadarka, y administradores de PEMEX, y que peculiarmente durarán 8 años (más que el mismo presidente, comprobando que no importa quien gobierne, ellos son los dueños) . Incluso los demás miembros del consejo (6 representantes del Gobierno Federal y 5 del charrismo del Sindicato Petrolero), no representan ninguna seguridad sobre el buen manejo de PEMEX. Lo único que asegura, es que la independencia que ganaría la paraestatal con esta reforma permitiría brincar cualquier altercado con las cámaras legislativas, y distribuir de manera discriminada y selectiva las ganancias por la operación de la empresa a las transnacionales.
Otro aspecto resaltado por Calderón es el de los bonos ciudadanos, tal como lo indica el párrafo 4° del artículo 41 de la iniciativa de “Ley orgánica de Petróleos Mexicanos”, podrán ser adquiridos por “las personas físicas y las administradoras de fondos para el retiro, los fondos de pensiones y las sociedades de inversión de personas físicas, así como otros intermediarios financieros…”; que destapa lo que anunciara el periódico La Jornada del día 16 de abril de este año, donde asegura que tal información sobre los bonos, era información privilegiada para varios funcionarios de instituciones financieras, tiempo antes de la promulgación de la iniciativa, con el fin de conseguir el apoyo de los grandes empresarios para la aprobación de la misma.
El negocio de los bonos es impresionante para los bancos y sociedades de inversión, dado que con la reforma a la Ley del ISSSTE y a la ley de regulación de pensiones y jubilaciones del IMSS, son ellas las que controlan el negocio en el que se ha convertido el sistema de pensiones y jubilaciones en México. Aún mejor cuando indica que la SHCP será la que dictamine los montos, términos y condiciones para recibir los cheques de la industria petrolera. La venta del país en partes a los grandes capitalistas es la política de estas reformas.
Otra particularidad se encuentra en el artículo 44, donde determina que podrán ser contratados por “invitación” a concesionarios para el refaccionamiento, instalación y mantenimiento del equipo o maquinaria, desarrollo de innovaciones tecnológicas, consultorías, además de todos aquellos que entra en las inconstitucionales y ya aprobadas por todos los partidos, Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas, donde entran la distribución, transporte y casi todas las ramas de la industria, reafirmado el sólido compromiso de dar a ciertas empresas privilegiadas los contratos de Petróleos Mexicanos, desde el Consejo de Administración.
La falsa salida
El FAP y López Obrador celebran hoy “detener” el albazo de la reforma, y expresan a la opinión pública, los medios y el pueblo mexicano que lo ha detenido la privatización son la toma de las tribunas del congreso, caracterizando a los diputados y senadores como héroes pluripotenciales capaces de impedirlo todo.
Lejos e innecesarias han quedado las amenazas de bloqueo de aeropuertos, de carreteras, el llamado a la “huelga ciudadana”. Ninguna de las acciones que trastoquen realmente los elementos del estado ha sido convocada.
Esa defensa acérrima del petróleo con la cual se convocó a distintos sectores de la población contra la privatización, se ha limitado a continuar con acciones tibias que liberen (o como diría el documental Fraude, “desahoguen”) el ímpetu del pueblo organizado por detener la reforma energética, y han logrado desgastar en cierta medida, las intenciones populares en la defensa del petróleo. Las movilizaciones al Senado, Televisa, y otras entidades o instituciones se han caracterizado por ser movilizaciones restringidas a militantes de los partidos del FAP, limitadas en su acción al caudillismo y visión de los líderes del partido, y cualquier manifestación independiente es llamada como “provocadora” y “radical”. Es decir, no existe más en el horizonte de rechazo a la reforma que López Obrador.
La película de la lucha de estos héroes parlamentarios es un refrito que se caracteriza por su inutilidad en un Congreso no representativo. Han demostrado desde el 2006 que son incapaces, e incluso cómplices de los avances del neoliberalismo en México: la instauración de Calderón en la presidencia, la Reforma Judicial (votada incluso por el FAP), la Reforma Fiscal (que se negoció a los ojos de todos sus simpatizantes), la reforma Hacendaria, la Ley del ISSSTE, la electoral etc. Todas ellas fueron aprobadas y avaladas por los mismos partidos “en resistencia civil y pacífica”. No existe ninguna seguridad de que estos paladines del pueblo detengan las reformas estructurales. Esta es la falsa salida, desenmascara que la oposición institucional no puede contraponerse a la política calderonista, porque sus intereses están empalmados con los del Estado. Ningún diputado o senador podrá detener las reformas neoliberales sin cortarse a si mismo la cabeza.
La alternativa obrera y socialista
Lo que se entreteje en las declaraciones de López Obrador son precisas: se permitirá una reforma a PEMEX, bajo un pacto político entre el FAP y el gobierno federal. La modalidad del debate propuesto no saldrá de las cámaras -es un diálogo entre las mismas partes-, con ello lograrán justificar la defensa petrolera y permitirá modificar la ley a fin de legalizar la ya existente participación privada en PEMEX, e incluso ampliarla. En el punto específico de los energéticos de su proyecto de nación, AMLO afirma que se permitiría la participación de empresas privadas en las “acciones”, y por lo tanto en la toma de decisiones de las estrategias económicas de la paraestatal. Ahora es más claro que nunca, después de “detener” el albazo de la reforma energética, en la que argumenta que no permitirá “ninguna privatización”, el FAP se ha ganado intercambiar el descontento social, por el cabildeo con el PRI y el PAN para aprobar reformas legislativas privatizadoras de la industrial petrolera mexicana, y sacar de ahí una parte a su bolsillo.
El alto a la reforma no se debe a lo toma de las tribunas: responde a la descomposición social, la crisis política por la que pasa el gobierno de Calderón y el Estado Mexicano desde 2006: la lucha de Atenco, Oaxaca, las huelgas mineras, la crisis electoral, el efecto de la crisis económica mundial, las movilizaciones contra la reforma a la ley del ISSSTE y el TLC, y al actual rechazo en un importante sector del país por regalarle al imperialismo el petróleo; esas acciones callejeras y de peso, si han hecho estremecer al gobierno federal en su intentona de agilizar la aprobación e implementación de la reforma energética.
Es increíble que los intelectuales de AMLO no denuncien que una de las razones fundamentales del mal funcionamiento de PEMEX y del actual intento de privatización, es la complicidad de la cúpula sindical de STPRM, y no llame a la democratización del sindicato y que haga partícipes a los trabajadores petroleros de las luchas actuales. Tampoco denuncian que la reforma de 1995 a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo (LRRP 1995) es la principal causante de la venta en partes de PEMEX a los distintos concesionarios, porque al hacerlo, reconocerían que ya votaron una vez por la privatización y volverían a hacerlo.
Es el deber de los socialistas decir que la real y única forma de detener la reforma energética es la movilización independiente: aquella que vaya más allá de las traiciones continúas del PRD, que integre al debate una transformación de PEMEX por una gestión que realmente asegure el buen funcionamiento de la industria. México debe de dejar de ser un pozo petrolero para la exportación de crudo a EEUU, desarrollando el proceso técnico, científico e industrial mediante la administración directa. Pero esta tarea no se puede dejar a los gobernantes de este país: debemos tomar en propias manos los destinos de la industria y del sindicato. La necesidad de la organización de los explotados y oprimidos es inminente, cualquier reforma que salga de las legislaturas y no del pueblo mexicano, ira en contra de salvar a la industria petrolera, por su bancarrota y su venta a los capitalistas. Es por ello que llamamos este primero de Mayo a: La conformación de un polo obrero con clara independencia de clase, que llame a la defensa de los energéticos, por la construcción de un proyecto de renacionalización emanado de proletariado y todos los sectores oprimidos y explotados de México, que convoque a derribar las demás reformas neoliberales, a tumbar a Calderón, y a la creación de un gobierno obrero y campesino.
[1] Mensaje a la nación de Felipe Calderón Hinojosa el martes 8 de Abril de 2008 a las 22:00 hrs.
¡Luchar, Vencer!
Grupo de Acción Revolucionaria
http://www.grupodeaccionrevolucionaria.cjb.net













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