Centro Independiente de Noticias

Por: Lilia Cisneros Luján.
5 de mayo del 2008.

En más de una ocasión, aun las personas que se dicen de izquierda y defensoras de PEMEX, debaten demostrando su muy escaso conocimiento jurídico, político y social, sobre la naturaleza de PEMEX. “No se privatiza”, dicen unos, “es una empresa pública” refutan otros; pero lo cierto es que, acorde con las reflexiones del Licenciado en economía Lenine Rojas, y en la lectura del texto original de la constitución de 1917, aun con sus, poco afortunadas, reformas, PEMEX, no es una empresa ni pública ni privada. El pueblo, de forma soberana, reservó toda la actividad petrolera, lo cual incluye, la transportación y la refinación –no solo una mínima parte simbólica- entre otras muchas a La Nación. Convendría a tirios y troyanos, entender el propósito del articulo 25 de la Carta Magna – el cual corresponde a modificaciones “modernizadoras” introducidas en el sexenio de Miguel de la Madrid- al señalar, que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas….., siendo tal el caso de “los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…. Cuyo su dominio directo, por mandato del 27 constitucional corresponde a La Nación.

La Nación no es, como muchos asumen, el gobierno; este, es, en última instancia, el que por mandato popular, ejecuta la voluntad de sus habitantes, dentro de un territorio específico. En ese sentido, el artículo 90 de la propia Carta Magna sigue sosteniendo, que “La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso”. De conformidad con esa norma, PEMEX es organismo descentralizado del Gobierno Federal, en los términos de los artículos 1 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 2 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. A mayor abundamiento, una empresa tiene como finalidad principal, el obtener utilidades. No existe disposición constitucional alguna, para que el Estado, en ninguno de sus tres órdenes -ejecutivo, legislativo y judicial- pueda lucrar. La finalidad primordial de un Estado democrático es, promover el desarrollo en todas sus acepciones. Para hacerlo necesita dinero, recursos del pueblo que entran a las arcas del erario –no a las utilidades de entes mercantiles privados- y que, de acuerdo con la Ley de Ingresos, estos se clasifican en ingresos del Gobierno Federal, de los Organismos y empresas y Derivados de financiamientos –clasificación ésta que vale la pena apuntar, contradice al artículo 90 Constitucional que ordena que la Administración Pública sea Centralizada y Paraestatal y; que por ende el Sector Público tenga ingresos y gastos del subsector central y del subsector paraestatal- de lo cual, a pesar de la perversidad de las modificaciones inconstitucionales, se desprende, que los ingresos derivados del petróleo, y ello incluye la refinación, la exportación, el transporte y todo lo que esté relacionado, son ingresos del sector público y por lo tanto fiscales.

No es materia de esta entrega, el analizar, los problemas de corrupción, ni los intereses que giran en derredor del tesoro de aguas profundas o someras. Mucho menos el tema pretende agotar, la historia de traiciones a la patria, que mediante reformas a leyes secundarias pretenden desvirtuar la intención del constituyente al determinar que este recurso pertenece a La Nación. La vida de México, registra una larga lucha popular –con mucha sangre derramada por cierto y demasiados recursos robados- como resultado de la voracidad de empresas extranjeras con el apoyo de los vende patrias. El hecho es que PEMEX, no es, no ha sido, ni debe ser una empresa. Ni pública, ni mucho menos privada. Es el único recurso con el que más de 100 millones de personas cuentan para la generación de empleos, el acceso igualitario a la educación, la vivienda y la alimentación. Que ha habido dudosos manejos, es verdad, pero ello no se resolverá entregando a una supuesta iniciativa privada libre de mácula, lo único que nos permitirá ser soberanos. Si Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas…..; excluir al pueblo de la discusión y las decisiones, por la acción unilateral del poder ejecutivo y algunos miembros del legislativo es, por decir lo menos, incumplir este mandato. Lo mismo si lo hacen por ignorancia o por ocultamiento de los aviesos intereses contrarios a dicho propósito constitucional; conductas que se agravan por prestarse a la manipulación informativa y promover una ambiente de encono social que a nadie beneficia.

Fuente: Apia Virtual