■ Diversas dependencias “ayudan” a tramitar las actas de defunción para cerrar los casos: ONG
Gustavo Castillo García
La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) denunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y secretarías de Estado, como Gobernación, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social, “ofrecen dinero en el municipio de Atoyac, Guerrero, para que no se busque a las víctimas de la guerra sucia de los años 70”.
Además, a familiares de los desaparecidos les ofrecen “facilitar la obtención de actas de defunción, para que los casos se cierren”.
Julio Mata, integrante de la Afadem, señaló lo anterior al participar en una conferencia de prensa en la que se mencionó que en México continúa como práctica gubernamental la desaparición forzada, y que al menos 78 personas han sido detenidas y nadie sabe su paradero.
El representante de Afadem refirió: “están trabajando en lo oscurito; por ejemplo, reportando a la Organización de las Naciones Unidas, inclusive aparentando que trabajaban con la Oficina del Alto Comisionado y eso no era cierto. Ratificamos que no hay voluntad política del Estado para dar a conocer la verdad de los hechos ocurridos en la llamada guerra sucia, que no hay acceso a la justicia y que no hay instrumentos jurídicos nacionales que garanticen la seguridad de los ciudadanos”.
Por ello, dijo, “acordamos agotar los instrumentos nacionales y presentar las denuncias ante organismos internacionales”, indicó Mata, quien agregó que “la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado creó falsas expectativas y contribuyó al rompimiento del tejido social en las comunidades guerrerenses”.
Fue en ese contexto en que el integrante de ese organismo defensor de derechos humanos señaló que “en Atoyac, diversas instancias nacionales, entre ellas la Secretaría de Gobernación o la CNDH, realizan trabajos en lo oscurito mediante el comité de reparaciones, con lo cual las autoridades intentan dividir a los familiares y romper nuevamente el tejido social; es como un laboratorio para generalizarlo en el resto del país, creando la fantasía de cobrar por los desaparecidos 200 mil pesos, evitando nuevamente dar cuenta del paradero de éstos”.
Durante esta conferencia de prensa, Judith Galarza Campos se quejó de que el gobierno mantiene la práctica de la desaparición forzada, y de los años 60 a la fecha, se cuenta con un registro de alrededor de mil 300 detenidos-desaparecidos, y de ellos un total de 78 casos en el reciente año, que incluyen a 38 petroleros en Nuevo León y 32 personas en Guerrero, así como otras siete en Michoacán.
En la conferencia de prensa también participó Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes Amaya, quien presuntamente fue detenido y desaparecido junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez en Oaxaca en 2007. Ambos formaban parte de los liderazgos del Ejército Popular Revolucionario.
Nadín Reyes exigió justicia y demandó la presentación con vida de su padre.
México, D.F.
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