Víctor Ballinas
El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseveró que el gobierno federal y autoridades estatales todavía deben una explicación sobre el video que se conoció a escala mundial sobre “el curso de tortura que se impartió a policías de Guanajuato, porque es difícil entender que sobre la base de técnicas brutales se puedan mejorar el rendimiento y el nivel profesional de los agentes”.
Lo que hasta el momento han dicho las autoridades, añadió en entrevista, es que “no son entrenamientos para que practiquen la tortura, sino para preparar a los policías en caso de que sean víctimas de tratos duros si caen en poder de mafiosos, pero esa explicación genera muchas dudas e interrogantes. Lo que observamos en la cinta puede servir tanto para uno como para otro objetivos. Si lo que se busca es capacitar a los agentes, no creemos que de esa manera se logre”.
El video, que se filtró y “muchos pudimos ver a escala mundial, sienta mal precedente para México. Genera no sólo interrogantes, sino dudas serias respecto del compromiso de las autoridades federales para mejorar el rendimiento de los policías”.
Destacó: “hay una línea divisoria muy tenue entre capacitar para resistir tortura y entrenar para que torturen. Es muy difícil hacer una diferencia. Es jugar con fuego, especialmente tratándose de fuerzas policiales que no tienen mecanismos de control externos ni internos”.
La carencia de métodos de disciplina y control “es una cuestión crónica que afecta a la policía. Por eso son poco confiables, altamente incompetentes y fácilmente corrompibles. Abusan de su poder. Por ello, que se diga que ese entrenamiento no es para que torturen a los detenidos, sino para que resistan, es difícil de entender”.
Vivanco cuestionó también que “ya se ha hecho práctica común, utilizada por militares y policías, desnudar a detenidas. Todo eso genera grandes preocupaciones. ¿Para qué desvestirlas? Parece un patrón generalizado en el trato que dan soldados y agentes a los arrestados. No entendemos cuál es la explicación”.
Ante ese tipo de procedimiento, “las autoridades tienen que dar una explicación clara y lógica y sancionar a quienes cometen esas prácticas ilegales”. Frente a esas denuncias se tiene que actuar”, destacó.
Abundó que las violaciones a los derechos humanos por militares “deben ser sancionadas de manera ejemplar. Las autoridades castrenses deben asumir una actitud de que no van a tolerar esos delitos, sino que se va a investigar y sancionar a los responsables”.
Involucrar a los soldados en la lucha contra el narcotráfico “no parece ser la solución adecuada. Ordinariamente esa tarea la realizan los policías. Sin embargo, como desempeñan esa labor, hay que asegurarse de que la lleven a cabo de manera profesional, respetando los derechos humanos. Y cuando cometan abusos, sancionar a los responsables”.
Vivanco se refirió a las ocho recomendaciones que hizo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los graves atropellos a las garantías básicas: “El año pasado presentó otro paquete de cuatro recomendaciones. Eso es algo que conocemos. No es noticia que los militares cometan gravísimas violaciones a los derechos. Lo relevante aquí sería que las denuncias del ombudsman terminen en investigaciones transparentes y creíbles, y que los responsables sean sancionados”.
Pero como las pesquisas quedan en manos de los militares y “hasta ahora la justicia castrense simplemente ha servido para amparar a los soldados, entonces ahí vemos una contradicción muy grave”, sostiene.
Añadió: “mientras no se entienda que los atropellos a las garantías básicas por militares son delitos del fuero común y no forman parte de la disciplina castrense, porque son atrocidades, violaciones sexuales, desapariciones y torturas, y que deben ser juzgados por autoridades civiles, no se avanzará en la solución de ese problema”.
Subrayó: “parece que los soldados cuentan con la anuencia del Ejecutivo y van a seguir invocando la aplicación de la justicia militar cuando violen los derechos humanos. En ese punto, tanto la Sedena como el presidente Felipe Calderón deben explicar a la comunidad internacional y a la opinión pública qué pasos están dando”.
México, D.F.
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