■ Cinco veces más pedidos de protección respecto de gestión de Fox
■ Documentan ONG acciones de hostigamiento contra líderes sociales
El gobierno de Felipe Calderón ha sido puesto en la mira internacional por la reaparición de casos de violación a los derechos humanos vinculados con abusos de militares, afirmó Vanesa Coria, responsable del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización encargada de presentar y fundamentar violaciones del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Coria Castilla destacó que con respecto al sexenio de Vicente Fox, el de Calderón ha registrado cinco veces más peticiones de medidas cautelares ante la CIDH para proteger a defensores de los derechos humanos víctimas de hostigamiento, amenazas y agresiones, entre otras violaciones.
A su vez, Édgar Cortez, representante de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, subrayó que actualmente se combina la militarización con la represión y el hostigamiento hacia líderes de movimientos sociales que defienden vastos recursos naturales de sus comunidades, los cuales son codiciados por empresarios extranjeros y nacionales para desarrollar diversos megaproyectos económicos.
“Bajo el discurso de combatir al narcotráfico, el Ejército Mexicano se ha sumado a las acciones de represión y hostigamiento contra líderes de movimientos sociales que defienden sus recursos naturales de la ambición de los empresarios, como es el caso de La Parota; el basurero de Zimapán; el proyecto económico del gobierno de Nuevo León en la reserva ecológica Valle de Reyes; el de las carreteras que corren por tierras huicholes, desde Jalisco, Nayarit, Durango hasta la frontera norte, y unos 50 más”, destacó.
Durante el Primer Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Familiares de Presos/as Políticos y de Conciencia, remarcó que muchas de las violaciones a los derechos humanos tienen que ver con “cuestionamientos y reclamos de defensores contra diversos proyectos turísticos, de carreteras, presas, aeropuertos, empresas y otros; todos, bajo el apellido del supuesto desarrollo”.
Asimismo, Coria ponderó los casos que están por resolverse en 2009 contra el Estado mexicano vinculados con las violaciones de militares a las hermanas González Pérez, el cual “continúa impune después de nueve años”, así como el asesinato del joven Mirey Trueba en un retén militar porque no se detuvo en un alto que le marcó el Ejército.
“Estos casos se replican con un patrón similar a los ocurridos en la década de los años 70, lo que hace que el Estado mexicano sea puesto en la mira internacional por situaciones que parecían superadas. Sin duda, estas políticas de seguridad y de militares en la calle han generado el regreso a ese tipo de violaciones, graves, a los derechos humanos”, subrayó Coria.
Además, dijo, la CIDH está por resolver casos vinculados con los feminicidios de Ciudad Juárez, el asesinato de civiles y niños en el contexto del combate al narcotráfico –“tema de preocupación, porque el gobierno no está garantizando la vida de los ciudadanos”–, e incluso el de menores de edad, sobre todo niños de la calle, contra quienes se ha usado desde agua hasta fuego para alejarlos de parques y áreas turísticas, particularmente en el Distrito Federal, Chiapas y Oaxaca.
México, D.F.
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