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■ Despojar de sus tierras a los indígenas para un proyecto minero, el objetivo, asegura
■ Acusan a funcionarios del gobierno chiapaneco de complicidad en las acciones violentas
San Cristóbal de las Casas, Chis. 7 de agosto. Después de constatar “las diversas violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas” ocurridos en Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, la Caravana Nacional e Internacional de Observación y Solidaridad con las comunidades zapatistas de Chiapas denunció “las incursiones violentas llevadas a cabo por la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Chiapas en distintas ocasiones; la primera, el 27 de abril; la segunda, el 18 de junio, y la más reciente, el 22 de julio del presente año”.
Como resultado de las incursiones “hubo detenciones ilegales e irrupciones violentas en domicilios sin orden de cateo”, donde miembros de la comunidad y acompañantes solidarios resultaron heridos; hubo también “amenazas a mujeres y niños”.
El intento de despojo y el hostigamiento contra la comunidad (compuesta por adherentes de la otra campaña y bases de apoyo del EZLN), comenzaron el 18 de junio, cuando la PEP instaló un campamento permanente en un predio cultivado de Cruztón, e impidió el trabajo de la comunidad en la totalidad de sus milpas durante un mes, reporta la caravana, “lo que ha ocasionado una pérdida importante de la cosecha de maíz y frijol, que son las bases de la subsistencia de las familias”.
Durante el tiempo que ha durado el conflicto en Cruztón, el gobierno de Chiapas “ha prometido ayudar a resolver mediante el diálogo; contrario a este discurso engañoso, las distintas instancias del gobierno involucradas han contribuido a agravar la situación al enviar a cuerpos policiacos para reprimir a la comunidad”.
Los participantes en la Caravana, remitidos a Cruztón por la junta de buen gobierno de Oventic, demandaron “que pare el hostigamiento policiaco contra la comunidad; que se retire definitivamente cualquier campamento policiaco o de invasores civiles de su predio y que no vuelva a instalarse ningún otro; la cancelación de todas las órdenes de aprehensión que penden sobre la comunidad por llevar a cabo su justa lucha”.
Los observadores solidarios, “pertenecientes a distintas regiones y estados de México y países de Europa, América, Oceanía y Asia, adherentes y simpatizantes de la otra campaña nacional e internacional”, demandaron igualmente “el cese de la complicidad de los funcionarios del gobierno de Chiapas implicados en el despojo de las tierras y el acoso policiaco a los campesinos de Cruztón”. Según el reporte de la caravana, entre ellos se encuentran Lindberg de Jesús Capito Juárez, delegado de Gobierno en Venustiano Carranza; su secretario, Rafael Méndez Coutiño, y Omar Coutiño Villanueva, presidente municipal de Venustiano Carranza.
La semana pasada, en declaraciones reproducidas por la prensa local, el gobernador Juan Sabines Guerrero se refirió tangencialmente al problema, negando la existencia de proyectos de explotación minera en el área, los cuales son señalados por los campesinos, la otra campaña y organismos civiles como la razón de fondo en los intentos por despojar a Cruztón de sus tierras en beneficio de falsos campesinos de otros municipios, con el respaldo de la policía estatal y los Ministerios Públicos.
México, D.F.
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