01
Jul
09

AMARC-ALC repudia orden de prisión contra integrante de radio comunitaria

[méxico / púlsar]

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe (AMARC-ALC) denunció la decisión de la justicia mexicana de dictar una orden de prisión formal contra el integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad, Héctor Camero.

La Asociación señaló que de esta manera “el Poder Judicial Federal se suma a la criminalización en contra de las personas que ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria”.

El Juez Quinto de Distrito en Materia Penal, con sede en Nuevo León, emitió el 30 de junio una orden formal de prisión en contra de Héctor Camero. Lo acusan del delito de “uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa”.

Dicho delito está sancionado con hasta 12 años de prisión por el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Más de 200 personas de la comunidad Tierra y Libertad acudieron a los juzgados federales para protestar por “la continuidad de un procedimiento ilegal e infundado contra Héctor Camero”.

A su vez, organizaciones civiles, nacionales e internacionales, enviaron cartas al juez solicitando que determinara la inmediata e incondicional libertad del comunicador.

Sin embargo, el Juez determinó proseguir con el juicio a pesar de las solicitudes de las organizaciones y los actos de protesta.

AMARC-ALC argumentó que estos hechos son violatorios del derecho a la libertad de expresión y contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos que México se comprometió a cumplir.

La radio Tierra y Libertad se encuentra cerrada desde el 6 de junio de 2008, cuando más de 120 uniformados de la Policía Federal Preventiva realizaron el operativo de cierre con un uso excesivo de la fuerza pública y violentando las garantías del debido proceso legal.

La radio Tierra y Libertad tiene por objetivo servir a la comunidad haciendo uso de su legítimo derecho a la libertad de expresión. Para ello solicitó el permiso que marca la ley desde el año 2002 sin que hasta el momento el Estado haya dado una respuesta satisfactoria. (PÚLSAR)


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