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[méxico / campaña permanente de protección a periodistas]

México D.F., 6 de julio de 2009 (Article19).- A pesar del reiterado compromiso del Estado mexicano ante organismos intergubernamentales, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha endurecido las medidas en contra de la radiodifusión comunitaria. La persecución penal de Héctor Camero y Rosa Cruz, ambos radiodifusores comunitarios de Radio “Tierra y Libertad” y Radio “Uekakua” respectivamente, pone al descubierto una práctica gubernamental que amenaza la libertad de expresión de grupos excluidos y en situación de vulnerabilidad. ARTICLE 19 llama al Estado mexicano a garantizar la seguridad jurídica a la radiodifusión comunitaria.

El 30 de Julio, Héctor Camero director de “Tierra y Libertad” una radio comunitaria en una zona popular de la ciudad norteña de Monterrey, fue indiciado por usar, explotar y lucrar con el espectro radioeléctrico sin licencia. La leyes mexicanas contemplan una pena de hasta doce años de prisión por ese delito. Camero no ha sido arrestado gracias a que sus abogados interpusieron un amparo. Radio “Tierra y Libertad” ha proveído de información esencial de interés público a las comunidades de bajos recursos en Monterrey desde hace siete años. El proceso legal fue iniciado luego de una solicitud formal de la Secretaria de Gobernación.

Rosa Cruz forma parte de la comunidad purépecha en el estado occidental de Michoacán y participa en la Radio “Eukakua”, la única estación que transmite en purépecha en toda la región. El 29 de enero del presente año la estación fue clausurada por agentes de la policía federal. Durante el operativo más de cien agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) ocuparon la comunidad mediante el uso excesivo de la fuerza amenazando a la población. Al igual que Camero, ella enfrenta la posibilidad de ser encarcelada hasta por doce años. Su situación es particularmente vulnerable debido a la falta de recursos económicos y al manejo limitado del castellano. Aún no queda claro las razones particulares detrás de la persecución penal de Rosa.

Ambas estaciones de radio han jugado un papel crucial en sus comunidades. Ambas también, solicitaron el permiso correspondiente para transmitir en 2002. Ninguna ha recibido hasta el momento una respuesta positiva a sus solicitudes debido al fracaso del Estado mexicano de proveer un marco legal que reconozca y promueva la radiodifusión comunitaria.

La actual Ley de Radio y Televisión privilegia a los medios comerciales sobre los comunitarios. De las 1,200 estaciones que operan en el país sólo 13 son radios comunitarias. Éstas 13 radios comunitarias obtuvieron el permiso mediante un proceso opaco y bajo criterios discrecionales debido a que el marco jurídico mexicano no las reconoce de manera formal.

“La radiodifusión comunitaria es una herramienta esencial para el desarrollo de los sectores excluidos al rededor del mundo, incluyendo México. La ausencia de un marco regulatorio que lo facilite y lo proteja constituye una violación a la libertad de expresión de acuerdo con el derecho internacional. Esta omisión es discriminatoria dado que afecta de manera desproporcionada a los sectores pobres y comunidades indígenas monolingües”, destacó la Dr. Agnès Callamard, Directora Ejecutiva de ARTICLE 19.

ARTICLE 19 hace un llamado a las autoridades mexicanas a:

• Iniciar inmediatamente con el objetivo de establecer un marco regulatorio que en lugar de obstruir, promueva la radiodifusión comunitaria.
• Permitir que las radios comunitarias en operación puedan operar de manera informal hasta que el nuevo marco regulatorio entre en vigor.
• Como parte de lo anterior y, en reconocimiento del fracaso del Estado Mexicano al cumplir su responsabilidad respecto a la radiodifusión comunitaria, se retiren todos las acusaciones penales en contra de Héctor Camero, Rosa Cruz y el resto de los y las radiodifusoras comunitarias que han sido amenazadas con ser procesados penalmente.