Centro Independiente de Noticias

[México / Tlachinollan]

• Mantiene una lucha en el Sistema Interamericano por acceder a la justicia

• Han sido víctimas de persecución, hostigamiento y amenazas de muerte a lo largo de 7 años

• En marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer exigimos respeto a su vida e integridad física

Tlapa, Guerrero a 24 de noviembre del 2009.- La tragedia de nuestro país que se clava como una daga en la vida de los pobres a causa de las políticas etnocidas, se manifiesta con mayor crudeza entre las mujeres más pobres de nuestro país que aparte de sufrir los estragos de la pobreza son víctimas de la violencia del Estado que se expresa de manera multifactorial: en las reformas tributarias, en la privatización de los recursos estratégicos, en el desmantelamiento de la economía doméstica, en la militarización y en el desquiciamiento del sistema.

Antela escalada mundial de la violencia contra las mujeres, en diciembre de 1999, la Asamblea de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como en Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para sensibilizar a los Estados sobre este problema, no obstante, tres años después, en México, dos indígenas me´phaa de Guerrero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron violadas sexualmente por soldados del Ejército y en su lucha por acceder a la justicia siguen enfrentando una excesiva violencia institucional.

A lo largo de siete años, Inés de 32 años de edad y Valentina de 24 años han evidenciado las graves deficiencias en las investigaciones de las autoridades civiles así como el alto grado de impunidad que cobija a las Fuerzas Armadas a causa de su falta de imparcialidad e independencia.

Valentina Rosendo Cantú es una indígena me´phaa (tlapaneca), originaria de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, que fue detenida, interrogada, torturada y violada sexualmente por soldados del Ejercito mexicano, el 16 de marzo del 2002, cuando se encontraba lavando ropa en el río de la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Ayutla de los Libres, en donde vivía con su esposo. Ella tenía apenas 17 años de edad.

Inés Fernández Ortega, también es una indígena me´phaa (tlapaneca), originaria de la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, que el 22 de marzo del año 2002, fue detenida, interrogada, torturada y violada sexualmente por tres soldados del Ejército mexicano, cuando se encontraba en su vivienda con sus hijos. En aquel año Inés contaba con 25 años de edad.

A finales de marzo del 2002, ambas mujeres presentaron por separado sus denuncias ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Común -que está en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres-, por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura y violación sexual, sin embargo, dicha instancia se declaró incompetente y remitió el expediente al Ministerio Público Militar.

A pesar de los diversos amparos que Inés y Valentina solicitaron ante la federación por medio del equipo jurídico de Tlachinollan, para que el caso no fuera juzgado en los tribunales militares, éstos no prosperaron y tampoco fue acatada la recomendación 48/2003 que emitió la Comisión Nacional de de Derechos Humanos (CNDH) por el caso de Inés; la queja de Valentina no concluyó en recomendación porque este mismo organismo determinó que no había elementos constitutivos del delito.

La negligente administración e impartición de justicia por parte del Estado mexicano obligó a Inés y Valentina a acudir –por separado- ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle audiencia pública. En octubre del 2006, la Comisión declaró admisible los casos y el 12 de octubre del 2007, las dos mujeres acudieron a dicha audiencia en la que se evidenciaron la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a sus derechos humanos.

A consecuencia del hostigamiento y amenazas contra las denunciantes, la CIDH solicitó al gobierno de México medidas cautelares para garantizar su seguridad, pero debido a su incumplimiento, la Comisión demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de Inés y Valentina, en mayo y septiembre respectivamente.

No obstante, mientras ambas mujeres esperan poder acceder a la justicia a través del Sistema Interamericano, el Estado mexicano ha arreciado su estrategia de hostigamiento, persecución y amenazas que mantiene contra Inés y Valentina, para que se desistan de su demanda. Esta hostilidad que han padecido a lo largo de siete años no sólo ha afectado la relación con sus comunidades y su familia, sino que las ha orillado a huir de su territorio como fue el caso de Valentina.

A lo largo de siete años Inés y Valentina han evidenciado diversas formas de la violencia contra la mujer en que incurre el Estado mexicano, pues no sólo ha impedido que las dos indígenas puedan acceder a la justicia sino que se niega incluso a garantizar su seguridad.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora mañana miércoles 25 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan demandamos:

• Que el Estado mexicano cumpla con las 7 recomendaciones que emitió la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), relacionados con la jurisdicción militar que ha sido sinónimo de impunidad.

• Que cese la militarización de las regiones indígenas que sólo han causado graves violaciones a los derechos humanos y han provocado un gran deterioro en el tejido comunitario que impide a los pueblos vivir con dignidad.

• Que se castigue a los militares responsables de la violación sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y que se garantice la no repetición de estos actos deleznables.

• Que cesen las actitudes misóginas y racistas de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia y que en buena medida son también cómplices de la violencia contra la mujer.

• Que las autoridades mexicanas cumplan cabalmente en la implementación de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la seguridad e integridad física de Inés y Valentina y que cesen los actos de hostigamiento, intimidación y amenazas contra ellas.